Política Estatal Anticorrupción

¿Qué es la Política Estatal Anticorrupción?

La Política Estatal Anticorrupción es el Plan estratégico de largo plazo que define un diagnóstico y prioridades compartidas por los integrantes de los Sistemas Locales Anticorrupción, resultado de la suma de esfuerzos que permiten analizar el problema y determinar posibles soluciones a lo largo de su elaboración, implementación y evaluación. Contiene el conjunto de acciones, estrategias y/o programas diseñados para prevenir detectar y sancionar la corrupción. Establecido como obligatorio en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en las Leyes Anticorrupción Locales.

¿Para qué sirve?

Su propósito fundamental es coordinar a las instituciones que conforman los Sistemas Locales Anticorrupción en los ejes rectores, estrategias, líneas de acciones y programas específicos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización de los recursos públicos.

¿Quiénes son los responsables?

La Política Estatal Anticorrupción involucra a todas las instituciones públicas de todos los poderes y los tres niveles de gobierno quienes deben trabajar en forma coordinada para identificar riesgos y tomar acciones para erradicar prácticas corruptas y sancionar a funcionarios y particulares involucrados en ellas.

¿Cuál es su vínculo con la Política Anticorrupción Nacional?

La Política Anticorrupción Nacional es el documento rector que marca las pautas para la elaboración de las Políticas Anticorrupción, marcando los ejes, estrategias y líneas de acción generales para su adecuación a la situación y necesidades específicas de cada Estado.

¿Cómo se diferencia de la Política Anticorrupción Nacional?

La política Anticorrupción Nacional es el resultado de un proceso de alcance nacional y marca las directrices para las Políticas Estatales Anticorrupción, mismas que deberán atender a la problemática específica de cada Estado.

¿Por qué una Política Estatal Anticorrupción? Porque cada Estado tiene particularidades en materia de transparencia, gobierno abierto, participación ciudadana, rendición de cuentas, fiscalización niveles de corrupción, impunidad, fortaleza o debilidades de las instancias de la fiscalización, la procuración y la impartición de justicia que hace imperativo construir una Política Anticorrupción específica para cada caso concreto.